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PROGRAMA ACCION COLECTIVA POR LA JUSTICIA
FINANCIADO POR LA FUNDACION FORD
María Julia Pérez Tort
Directora del Programa
1. Introducción
Desde el mes de
agosto de 2001 Poder Ciudadano lleva adelante este programa financiado por la
Fundación Ford. Trabajamos en red articulando distintos recursos:
organizaciones sin fines de lucro, redes de ONGs, federaciones de ONGs, habitantes,
abogados, estudios jurídicos, clínicas o consultorios jurídicos
de Facultades de Derecho, colegios y asociaciones de abogados, etc., para alcanzar
los objetivos del Programa.
2. Objetivos
El Programa busca
soluciones colectivas en casos de interés público (CIP) a
través de la actividad voluntaria de abogados a favor de ciudadanos
y organizaciones sin fines de lucro.
2.1. Objetivo
principal:
Promoción,
implementación y difusión del Derecho de Interés Público
y del trabajo voluntario de abogados ("pro-bono") en Argentina.
2.2 Objetivos
específicos:
- Facilitación
del acceso a la Justicia en causas de interés público: focalización
prioritaria en la presentación de recursos administrativos, acciones
judiciales, particularmente acciones de amparo a favor de personas (físicas
o jurídicas) de escasos recursos, en casos de interés público.
- Fortalecimiento
de las instituciones de la Democracia. Elección estratégica
de casos que se vinculen con el funcionamiento deficitario de las instituciones
o con el incumplimiento del régimen legal (Acceso a la información
pública, cumplimiento de la Ley de Ética Pública, etc.)
3. ProBono. El papel que juegan los profesionales
El trabajo pro
bono es la actividad voluntaria de abogados a favor de los habitantes y de
organizaciones sin fines de lucro en causas de interés público.
El Programa ha incorporado la esencia de esta actividad solidaria - que ha constituido
redes de profesionales y Estudios Jurídicos en todo el mundo - para que
en nuestro país se encuentre al alcance de todas las personas que lo
requieran.
Para alcanzar sus
objetivos, el Programa ha conformado una Red Jurídica nacional integrada
por abogados especializados en las diversas temáticas en las que puede
darse un CIP.
4. La construcción
de una Democracia Participativa
El Programa busca
achicar la enorme distancia que existe entre los derechos reconocidos y su real
ejercicio por parte de los ciudadanos. Frente a ello, a través de las
acciones colectivas o de los CIP, el Programa pretende por un lado, facilitar
a la ciudadanía el uso de las herramientas consagradas por las Constituciones,
y por otro difundirlas a fin de que sean incorporadas a las prácticas
de los ciudadanos y así lograr el respeto universal de los derechos consagrados.
Siguiendo la tendencia
de las democracias más modernas, la Reforma Constitucional Nacional de
1994 marca un cambio en cuanto al uso de los derechos: consagra los derechos
de incidencia colectiva, crea garantías o herramientas legales para su
defensa e incorpora al derecho interno instrumentos internacionales con la misma
jerarquía que la Constitución.
5. Algunas de
las nuevas herramientas consagradas en la reforma constitucional
Para reivindicar y proteger los derechos en ella consagrados, la Constitución ha previsto, como garantía para su cumplimiento, la acción de amparo en su versión individual y colectiva, ampliando el acceso a la justicia a las organizaciones que propenden a la defensa de derechos de incidencia colectiva.
Asimismo, a partir de 1994 se ha incorporado la figura del Defensor del Pueblo a nivel nacional como una institución destinada a actuar, ya sea de oficio como a instancia de los particulares, en la tutela de derechos e intereses ciudadanos frente a cualquier abuso u omisión del poder público.
A través de la Red Jurídica, el Programa fomenta el uso y la difusión de estas herramientas.
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