PROGRAMA ACCION COLECTIVA POR LA JUSTICIA

FINANCIADO POR LA FUNDACION FORD

María Julia Pérez Tort
Directora del Programa

Desde el mes de agosto de 2001 Poder Ciudadano lleva adelante este programa financiado por la Fundación Ford. Trabajamos en red articulando distintos recursos: organizaciones sin fines de lucro, redes de ONGs, federaciones de ONGs, habitantes, abogados, estudios jurídicos, clínicas o consultorios jurídicos de Facultades de Derecho, colegios y asociaciones de abogados, etc., para alcanzar los objetivos del Programa.

2. Objetivos

El Programa busca soluciones colectivas en casos de interés público (CIP) a través de la actividad voluntaria de abogados a favor de ciudadanos y organizaciones sin fines de lucro.

2.1. Objetivo principal:

Promoción, implementación y difusión del Derecho de Interés Público y del trabajo voluntario de abogados ("pro-bono") en Argentina.

2.2 Objetivos específicos:

- Facilitación del acceso a la Justicia en causas de interés público: focalización prioritaria en la presentación de recursos administrativos, acciones judiciales, particularmente acciones de amparo a favor de personas (físicas o jurídicas) de escasos recursos, en casos de interés público.

- Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia. Elección estratégica de casos que se vinculen con el funcionamiento deficitario de las instituciones o con el incumplimiento del régimen legal (Acceso a la información pública, cumplimiento de la Ley de Ética Pública, etc.)

3. ProBono. El papel que juegan los profesionales

El trabajo pro bono es la actividad voluntaria de abogados a favor de los habitantes y de organizaciones sin fines de lucro en causas de interés público. El Programa ha incorporado la esencia de esta actividad solidaria - que ha constituido redes de profesionales y Estudios Jurídicos en todo el mundo - para que en nuestro país se encuentre al alcance de todas las personas que lo requieran.

Para alcanzar sus objetivos, el Programa ha conformado una Red Jurídica nacional integrada por abogados especializados en las diversas temáticas en las que puede darse un CIP.

4. La construcción de una Democracia Participativa

El Programa busca achicar la enorme distancia que existe entre los derechos reconocidos y su real ejercicio por parte de los ciudadanos. Frente a ello, a través de las acciones colectivas o de los CIP, el Programa pretende por un lado, facilitar a la ciudadanía el uso de las herramientas consagradas por las Constituciones, y por otro difundirlas a fin de que sean incorporadas a las prácticas de los ciudadanos y así lograr el respeto universal de los derechos consagrados.

Siguiendo la tendencia de las democracias más modernas, la Reforma Constitucional Nacional de 1994 marca un cambio en cuanto al uso de los derechos: consagra los derechos de incidencia colectiva, crea garantías o herramientas legales para su defensa e incorpora al derecho interno instrumentos internacionales con la misma jerarquía que la Constitución.

5. Algunas de las nuevas herramientas consagradas en la reforma constitucional

Para reivindicar y proteger los derechos en ella consagrados, la Constitución ha previsto, como garantía para su cumplimiento, la acción de amparo en su versión individual y colectiva, ampliando el acceso a la justicia a las organizaciones que propenden a la defensa de derechos de incidencia colectiva.

Asimismo, a partir de 1994 se ha incorporado la figura del Defensor del Pueblo a nivel nacional como una institución destinada a actuar, ya sea de oficio como a instancia de los particulares, en la tutela de derechos e intereses ciudadanos frente a cualquier abuso u omisión del poder público.

A través de la Red Jurídica, el Programa fomenta el uso y la difusión de estas herramientas.